La polarización del conflicto entre el poder ejecutivo en manos del presidente Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional en poder de la oposición derechista sigue agudizándose en Venezuela, mientras se mantiene una fuerte crisis económica. La recrudescencia del conflicto de poderes adquirió nuevos niveles cuando la Asamblea Nacional en desacato le pidió el 21 de marzo que la Organización de Estados Americanos (OEA) le aplique las sanciones previstas por su Carta Democrática Latinoamericana.

Ello llevó a que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reaccionara anunciando las polémicas sentencias 155 y 156 que la oposición interna y externa asimiló a un autogolpe porque implicaban el fin de la inmunidad de los parlamentarios y trasladaban el poder legislativo al TSJ..

Finalmente, el sábado 1 de abril, luego de objeciones de la Fiscal nacional de la República de ser contrarios a la Constitución Bolivariana y por recomendación del Consejo de defensa de la nación, nuevas sentencias del TSJ eliminaron esos aspectos.

Terminó así una deriva del conflicto de poderes en Venezuela que hacía el juego a la oposición interna y externa, porque no fortalecía la base social de la revolución bolivariana. Una cuestión que en el contexto de giro a la derecha de Brasil y Argentina llevaba a la larga al aislamiento de la revolución bolivariana. A ello se agregan inquietantes informaciones sobre el plan intervencionista del Comando Sur de Estados Unidos contra esa nación sudamericana.

La nueva crisis adquirió una connotación internacional por el apoyo que encuentra la oposición venezolana en el antichavista Secretario general de la OEA, Luis Almagro. Pese a que el consejo permanente de la OEA no acogió el miércoles su propuesta, sigue insistiendo en la expulsión de Venezuela de esa instancia regional.

Una crisis política que sigue reflejando el choque de poderes y la ausencia de dialogo para enfrentarla en Venezuela. La polarización esgrimida por la oposición, desconociendo la legítima elección del poder ejecutivo impide la cohabitación de poderes separados que debieran concertarse para enfrentar la aguda crisis económica que vive Venezuela.

Escalada en la polarización

Luego de la derrota del chavismo en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, El TSJ declaró en desacato y nulas las decisiones de la Asamblea nacional, por haber juramentado 3 diputados de Amazonas cuya proclamación fue suspendida por irregularidades.

La Oposición más radical fracasó en su movilización en las calles exigiendo un referendo presidencial revocatorio que llevara a nuevas elecciones de presidente. Por ello optó la oposición en la Asamblea nacional optó por, lo que los chavistas calificaron de intentos de golpe de estado.

En primer lugar, el 25 de octubre de 2016 inició un juicio político contra el presidente Nicolás Maduro. Fue seguido el 9 de enero de 2017 con la declaración de la Asamblea Nacional del supuesto abandono del cargo por el presidente Nicolás Maduro, lo que equivalía a llamar a elecciones. Eso tampoco fructificó. La oposición está dividida y algunos sectores plantean negociar el fin del desacato de la Asamblea nacional y avanzar en una cohabitación de poderes, propia de los regímenes presidenciales.

Llamado a la intervención extranjera

El último intento fue el del 21 de marzo, cuando la Asamblea Nacional pidió aplicar la Carta Democrática de la OEA contra Venezuela. Una posición que implicaba un llamado a una intervención extranjera desde uno de los poderes del Estado Venezolano, en contradicción con el principio de la autodeterminación de los pueblos.

El martes 28 de marzo, el Consejo permanente de la OEA no aprobó la que se aplicara la Carta Democrática Latinoamericana contra Venezuela, ni el informe del Secretario General de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, sindicado como furibundo enemigo de la revolución bolivariana.

Según denuncias del vice ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Samuel Moncada, Washington presionó al Salvador, Haití y República Dominicana para que retiraran su apoyo a Venezuela o perderían su ayuda monetaria. La mayoría de los países plantearon la necesidad de resolver la crisis política venezolana mediante el dialogo.

A pesar que la OEA no aceptó aplicar el artículo 20 de la carta democrática de la OEA, (que requiere el apoyo de 18 miembros de la OEA) su secretario general Luis Almagro, sigue denunciando un autogolpe y la crisis sigue abierta.

Controvertidas sentencias del TSJ

La reacción del TSJ (equivalente de la Corte Suprema) frente al llamado de sanciones contra Venezuela por la Asamblea nacional,  fue de anunciar el lunes 27 la sentencia 155. En ella se afirma que los diputados de la Asamblea Nacional no tendrán inmunidad mientras sigan en desacato (lo que abre las posibilidades juicio por traición a la patria) y daba nuevas atribuciones excepcionales a la presidencia.

El miércoles 29 de marzo el TSJ la sentencia 156 donde plantea que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea nacional, sus “competencias parlamentarias serán ejercidas directamente por esta sala”. Una situación denunciada como Golpe de estado por la oposición en Venezuela y  a nivel internacional, que causó además malestar en sectores del chavismo.

Las objeciones muy atinadas de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, el viernes 31 de marzo, confirmaron que las sentencias 155 y 156 del TSJ si constituían una ruptura del Orden Constitucional Bolivariano.

Un llamado de atención escuchado. El sábado 1 de abril, la Sala Constitucional del TSJ siguiendo la petición del Consejo de defensa de la Nación (presidido por el presidente  Nicolás Maduro) aclaró la situación con las sentencias 157 y 158 .

Las nuevas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia eliminan los aspectos controvertidos de las sentencias 155 y 156. En la práctica, aclaran que el TSJ no ha despojado la Asamblea Nacional de sus funciones, ni que lo hayan disuelto o anulado. Ratifica también la vigencia de inmunidad de los diputados de la Asamblea nacional como una garantía de la función legislativa, con las limitaciones que establece el texto constitucional.

Perspectivas complejas

La decisión del Tribunal Supremo de Justicia de reponer las facultades del Congreso dominado por la oposición es una medida correcta porque restablece la vigencia de la constitución bolivariana y la separación de poderes. Sólo una política de dialogo permitirá resolver democráticamente la crisis venezolana. Es la opinión expresada por el presidente venezolano y un creciente numero de actores y observadores del proceso venezolano.

La revolución bolivariana sigue en peligro, no sólo por la persistencia de la crisis económica, la intransigencia de la oposición y los errores tácticos del progresismo venezolano, sino que además por un cambio de contexto que favorece el aislamiento de los gobiernos progresistas post-neoliberales. Macri (Argentina) y Temer (Brasil) ya expulsaron Venezuela del Mercosur.

Luego de que Venezuela fuera suspendida del Mercosur la presión internacional producto del giro de Brasil y Argentina la presión se acentúa y la suspensión de la OEA sería el próximo paso. El viernes 31 de marzo, reunidos en Argentina, los cancilleres de los gobiernos del Mercosur, se sumaron a las críticas contra Venezuela. Una declaración denunciada por Venezuela.

Se mantiene al mismo tiempo, la abierta oposición del SG de la OEA, hombre de Washington según algunos, contra el gobierno de Maduro. Luis Almagro llamó a una reunión de urgencia para aplicar sanciones contra Venezuela después de que no fructificó su propuesta en la reunión del miércoles pasado. La situación venezolana aparece más compleja que nunca. Se agudiza por el llamado del líder de uno de los sectores de la oposición, Enrique Capriles llamando a las Fuerzas armadas contra el “Madurazo” y a la comunidad internacional. La Mesa de Unidad Democrática (MUD) llamó a protestar en las calles desde el sábado en un nuevo intento de desestabilización del gobierno de Maduro.